La ocupación ilegal de viviendas se trata de la toma de una vivienda deshabitada por parte de personas, que no son los propietarios, sin poseer un título legítimo que les acredite el derecho a permaneces en la misma.
La ocupación, sin autorización debida, de un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o el mantenimiento en ellos contra la voluntad del titular se castiga, según el artículo 245.2 del código penal, con la pena de multa de tres a seis meses.
¿Cómo puede ayudar aquí un detective privado?
Actualmente, y debido al COVID-19, se está produciendo una moratoria en los procesos de desahucios, ya que se ha suspendido este tipo de procedimientos durante el estado de alarma para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional, recogido en el Real Decreto-Ley 37/2020, de 22 de diciembre. Con la publicación del Real Decreto Ley 1/2021, de 19 enero, se modifica este artículo dando cobertura a estas personas incluso en las causas penales que afecten a personas sin título para habitar la vivienda.
Como alternativa habitacional se entienden todas aquellas opciones que tendría el ocupante para residir sin tener la necesidad de continuar ocupando ilegalmente la vivienda. Esta siempre tiene que ser una vivienda adecuada a las necesidades y circunstancias del ocupante.
Una alternativa habitacional podría ser un piso de alquiler, si se corroborara que tiene fondos suficientes para hacerlo; o compartir vivienda con un familiar cercano, siempre y cuando se adapte a las necesidades básicas. Y nunca estas opciones incluirán albergues o centros de acogida, debido a que no están considerados como vivienda digna.
Los servicios de investigación privada, a cargo de detectives privados, consisten en la realización de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación, por cuenta de terceros legitimados, de información y pruebas sobre conductas o hechos privados relacionados con el ámbito económico o patrimonial entre otros.
Se trata de averiguar la verdadera capacidad económica del okupa investigado, incluso su situación patrimonial y cualquier hecho que evidencie la disposición de una alternativa habitacional adecuada a sus circunstancias, incluso averiguar si su situación familiar, personal y laboral es de una persona económicamente vulnerable como exige la ley.
Los servicios de inteligencia e investigación privada de Vestigere ayudarán a conseguir la información necesaria y que podrá ser aportada como prueba en el procedimiento judicial.
Nuestros servicios, con carácter general, contarán con dos fases:
- Fase 1. Servicios OSINT (inteligencia en fuentes abiertas). El analista de inteligencia examinará la información obtenida en redes sociales, blogs, y otras plataformas digitales que sirva para acreditar el objetivo de la investigación.
- Fase 2. Servicio de investigación de campo. El detective Privado mediante la realización de observaciones y seguimientos obtendrá información útil para el cliente y sus objetivos y corroborará en su caso la información obtenida en la Fase
VESTIGERE plasmará los resultados de cada fase en un informe, que será prueba fundamental para acreditar la situación irregular, podrá ser aportado al posible procedimiento de desahucio y será ratificado por el Detective Privado en sede judicial.
